Carlos Brown Solà || Luis Javier Moreno Benjumea
Gasto devengado. Saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Ramos administrativos. Capítulo 1000.
Durante décadas se ha utilizado un lenguaje en extremo técnico alrededor de las finanzas públicas para hacernos creer que son un tema al que no compete interesarse, o que hablar sobre ellas es algo prohibido para quienes no las estudian a profundidad.
Esto ha hecho de las finanzas públicas un espacio cerrado para la población en todos los niveles de gobierno, lo cual resulta irónico cuando pensamos que –en teoría– ese dinero es de todas las personas.
Esto no tiene por qué ser así. Una democracia lo es en la medida en que incorpora a su ciudadanía en las decisiones públicas, y no hay batallas más políticas que las que se relacionan con el dinero público.
Trabajar por democratizar el dinero público es también trabajar por construir una cultura de la rendición de cuentas efectiva; y en la medida en que las personas conozcamos cómo funcionan las decisiones políticas sobre las finanzas públicas, obligaremos a los gobiernos a esforzarse por traducir estas decisiones y su lenguaje a uno más ciudadano.
Para poder imaginar nuevos futuros democráticos, muchas veces es útil contar con referentes a nuestro alrededor.
En Cascais, un municipio en la costa del Atlántico que forma parte de la zona metropolitana de Lisboa, han consolidado desde 2011 los presupuestos participativos como una forma de democratizar las finanzas públicas.
A pesar de ser un destino orientado al turismo, localidades donde es recurrente que las prioridades del dinero público se orienten hacia la atención al turista, este mecanismo permite que las prioridades de las personas locales también sean incluidas en la distribución del dinero público.
En los últimos años, en un municipio de 206 mil habitantes, este mecanismo ha involucrado a más de 160 mil ciudadanos; es decir, 3 de cada 4 habitantes de Cascais han participado en los presupuestos participativos locales.
Pero no debemos ir muy lejos para tener referentes que nos ayuden a imaginar otros futuros para la democratización del dinero público.
Al interior del gobierno municipal de Chihuahua, la sindicatura municipal tiene como principal objetivo vigilar el patrimonio y los recursos públicos de esa ciudad y, para cumplir con esto, el equipo de esta dependencia entendió que la mejor manera de garantizar una buena vigilancia de los recursos es haciendo que la mayoría de quienes habitan la ciudad comprendan y se apropien de las finanzas públicas.
Por eso, una de las tareas más importantes de democratizar el dinero público, que han emprendido es el desarrollo de ejercicios de pedagogía social que permitan a todas las personas entender cuánto dinero tiene la ciudad y cómo lo gasta, para generar curiosidad que se transforme en participación y corresponsabilidad. La sindicatura de Chihuahua ha llevado estos ejercicios hasta reuniones de colonos y juntas vecinales. En estos espacios se plantean tres pasos a las vecinas y vecinos para que participen:
- Se explican los rubros en los que invierte un gobierno de manera sencilla, al desglosar los capítulos del gasto en conceptos fáciles de entender, pasando del rimbombante -capítulo 1000 de servicios personales- a simplemente nómina.
- Se les pregunta: si todo el dinero del municipio fuera un billete de 100 pesos, ¿en qué rubros creen que se invierte?
Este paso es donde se pone bueno el asunto pues las personas, aún sin conocer a detalle las finanzas municipales, esperan que el municipio invierta más en servicios públicos, obra pública y programas de ayuda social. - Se expone, usando el gasto del billete de 100 pesos, cómo distribuye el gobierno municipal este dinero en realidad. Aquí es cuando la gente expresa abiertamente sus inconformidades y enojo al ver que el principal gasto del gobierno local es la nómina.
La indignación y curiosidad tienen una salida, al canalizarse posteriormente a través de instrumentos formales reconocidos por la Ley de Participación Ciudadana del estado de Chihuahua. Esta ley, que es sin lugar a dudas un referente para todo el país, reglamenta catorce mecanismos de participación ciudadana.
La sindicatura aprovecha tres de estos mecanismos para llevar la indignación hacia la rendición de cuentas: los presupuestos participativos, la contraloría social y las audiencias públicas.
Para complementar este ejercicio de pedagogía y rendición de cuentas sobre las finanzas municipales, la sindicatura abre mes a mes la información en datos abiertos sobre lo que gastan todas las dependencias municipales por capítulo del gasto.
Además, en su sitio web, transparentan todos los contratos de adquisiciones y obra pública del municipio, así como los asuntos relacionados con el patrimonio público, el desarrollo urbano y la deuda pública. El aprendizaje para las personas es claro: si desean un mejor gobierno, hay que conocer y exigir.
Democratizar el dinero público será posible en la medida en que nuestras autoridades tengan la voluntad por rendir cuentas y revitalicen la forma en la que hacen política con las personas a través del dinero público;
pero también cuando se vuelva una verdadera exigencia hacia quienes dicen representarnos para que faciliten nuevos cimientos para construir los pilares hacia verdaderos gobiernos abiertos: transparencia, herramientas para la participación ciudadana y facilidades para colaborar en la agenda pública y para la exigencia de la rendición de cuentas.
Esto definitivamente no pasará de un día para otro, pero se hará realidad entre más rápido empecemos a sentir curiosidad sobre la forma en que se recauda y utiliza el dinero público en nuestras localidades.
Las redes sociales se convierten cada vez más en espacios donde las personas cuestionan la adquisición de deuda pública, fiscalizan contratos de servicios y critican los inadecuados servicios públicos. El reto será llevar esta indignación y acciones de exigencia a espacios en los barrios, colonias, escuelas y organizaciones donde comiencen a transformarse en cambios reales.
Lo que está ocurriendo en Estados Unidos da cuenta de la importancia de esto: conocer y cuestionar el uso del dinero público en las ciudades estadounidenses ha ayudado a entender las prioridades actuales de los gobiernos locales y, así, construir la causa sobre la idea de reducir el financiamiento para las policías en medio de la discusión sobre la brutalidad policial racista en Estados Unidos.
Nuestra utopía es que cada vez más personas vean que democratizar el dinero público es posible.
No es mucho pedir a los gobiernos que los documentos que ya tienen las dependencias encargadas de las finanzas los compartan en datos abiertos en vez de documentos en formato PDF mal escaneados. No es mucho pedir a los gobiernos que garanticen la participación de las personas con herramientas, mecanismos y procesos claros. Tampoco es mucho pedir a los gobiernos que hagan ejercicios de rendición de cuentas más pedagógicos sobre las finanzas públicas.
No lo es porque es su responsabilidad es hacerlo, y tenemos que transformar estas exigencias en acciones políticas que les recuerden esto las veces que sea necesario. Sólo así lograremos construir comunidades más democráticas y justas, que pongan a las personas en el centro de las decisiones sobre el dinero público.
